La recuperación de Puerto Rico: casas sin techo, escuelas cerradas, una isla abandonada
PUNTA SANTIAGO, Puerto Rico (In English)
El rostro del Puerto Rico olvidado después del huracán María bien pudiera ser el de José Luis “Chegüi” Aponte Cruz, quien perdió su empleo y todo lo que tenía en su casa cuando la furia de la tormenta hizo que el mar se adentrara una milla en esta comunidad playera pobre, arrasando con casi todo a su paso.
María destrozó el merendero de bloques pintado de amarillo brillante al que la gente iba a buscar los famosos bacalaítos de Chegüi. La tormenta se llevó el congelador, el refrigerador y la estufa, las mesas y las sillas, y nada estaba asegurado. Un año más tarde, después que le negaron préstamos bancarios y asistencia del gobierno para reabrir con un camión de comida, Chegüi —como buena parte de Puerto Rico— apenas ha comenzado a recuperarse.
Una vez a la semana, los domingos, lleva a la playa un fogón donado y una tienda de campaña para vender bacalaítos y pastelillos, preparados a mano y rellenos de masas de pescado y cangrejo, a los pocos clientes leales que todavía llegan a lo que todavía es un merendero insalvable, en realidad un par de paredes sin techo. Pero no es lo mismo.
“Esto era un ambiente familiar. Esto me llenaba”, dijo Chegüi, con los ojos llorosos mientras recordaba los muchos años de cocinar en el Kiosko El Amarillo, mientras sus dos hijos servían a los clientes en el mostrador.
“Yo quería seguir, comprar un food truck, pero, bueno, estamos bregando”.
Hoy, en Punta Santiago hay poco que se parezca a lo que había antes que María barriera la isla, dejándola en la oscuridad, destrozando o dañando cientos de miles de casas y empeorando una crisis económica y política que había comenzado mucho antes. Decir que la recuperación es irregular e incierta no comienza a describir la situación verdadera en Puerto Rico 12 meses después que María tocó tierra como una poderosa tormenta categoría 4.
La mayor parte de la isla ha recuperado cierta semblanza de normalidad, y los legendarios tapones del tráfico a la hora pico en la relativamente próspera zona metropolitana de San Juan están a la vista de nuevo, algo peor porque los semáforos funcionan intermitentemente, si es que acaso funcionan, en algunas de las principales intersecciones.
Pero las apariencias son engañosas. La estabilidad —económica, política y demográfica, en la vida diaria— sigue siendo escasa en Puerto Rico, un territorio estadounidense de 3.3 millones de personas, ciudadanos estadounidenses de nacimiento, y sobrevivientes de uno de los desastres naturales más devastadores en la historia de Estados Unidos.
Casi todos viven hoy con algún grado del trauma emocional y físico que acompañó la enorme devastación y sus extenuantes consecuencias: las semanas y meses sin electricidad, servicios médicos fiables, servicios básicos del gobierno y muchas de las comodidades y protecciones de la vida moderna a la que estaban acostumbrados.
Para muchos, todavía queda mucho camino por andar.
En casi todas partes se ha restablecido el servicio eléctrico, un esfuerzo financiado casi en su totalidad por el gobierno federal, pero los apagones son cosa de todos los días y la obsoleta red eléctrica sigue siendo vulnerable al desastre durante una tormenta, incluso ante fallas menores: Hace unos meses buena parte de la isla quedó a oscuras dos días cuando una excavadora dañó una torre de transmisión en las montañas. La mayor parte del sistema de generación y transmisión de electricidad debe rediseñarse desde cero, dicen autoridades del sector.
Muchos centros comerciales y negocios dañados no han podido reabrir, y los empleos que generaban están en el aire. En el crítico sector turístico, la situación es similar. Los operadores de algunos centros turísticos clave están acelerando las reparaciones para abrir la próxima temporada alta, la segunda desde María.
La asistencia federal de recuperación para propietarios de viviendas, inquilinos y negocios ha sido poco uniforme y ha demorado en llegar, al tiempo que los pagos son con frecuencia insuficientes para completar las reparaciones necesarias, algo que es especialmente crítico porque pocos propietarios tienen seguro. Los problemas con los títulos de propiedad en Puerto Rico, que con frecuencia son transferencias informales de tierras —un legado del sistema jurídico de cuando la colonia española— han impedido que cientos de miles de núcleos familiares reciban asistencia de la FEMA para reparar sus viviendas dañadas. De 1.1 millones de solicitudes individuales de asistencia, dice la FEMA, casi un tercio, 332,000, fueron rechazadas.
El gobierno de Puerto Rico informa que unas 60,000 viviendas ocupadas siguen sin techo, cubiertas por lonas temporales azules entregadas por la FEMA, que se han convertido en un símbolo de la devastación de María y lo que muchos dentro y fuera de la isla perciben como una respuesta totalmente inadecuada del gobierno del presidente Donald Trump. Sobre un puente, en una arteria principal de San Juan hay un grafiti que dice “FEMA es el problema”.
Un análisis de McClatchy, la empresa matriz del Miami Herald, de información pública sobre la asistencia de la FEMA para viviendas identificó que hasta el 1 de junio, los sobrevivientes de María en Puerto Rico recibieron un promedio de $1,800 para reparaciones. En comparación, los sobrevivientes del huracán Harvey en Texas el año pasado recibieron $9,127.
En muchos casos, dicen propietarios y sus defensores, el dinero entregado por la FEMA apenas fue suficiente para reemplazar electrodomésticos, muebles y ropa, mucho menos para hacer reparaciones que permitieran a la gente seguir viviendo allí con seguridad, que es el propósito de la asistencia de emergencia.
En una isla donde la mitad de la población vive bajo el nivel federal de pobreza, los pocos ahorros de muchos propietarios de viviendas y comerciantes se fueron en el alto costo de la gasolina para alimentar generadores durante meses antes de que siquiera pudieran comenzar las reparaciones. Aunque la FEMA entregó generadores, los críticos dicen que la agencia no tomó en cuenta el costo del combustible.
Abrumados por la envergadura de la devastación de María y la necesidad de restaurar una infraestructura básica, como carreteras y puentes, casi todos afectados ya incluso antes de la tormenta, los gobiernos estatal y municipales de Puerto Rico no han podido entregar a los habitantes mucha asistencia directa.
Eso llevó a la opinión generalizada de que a los puertorriqueños los dejaron solos después de María. Los que han logrado empezar el camino a la recuperación dicen que lo han hecho en gran parte con la ayuda de vecinos, organizaciones comunitarias, grupos de voluntarios y donaciones, así como un apoyo significativo de fundaciones privadas en Puerto Rico y otros lugares, especialmente en Estados Unidos, y mucho sudor y sufrimiento.
Cuando el nivel del agua salada comenzó a subir rápidamente en la casa de bloques de Edna Velázquez durante María, la mujer y sus hijos corrieron al exterior para subir por la escalera a la primera planta, donde vivían familiares. Velázquez, quien no sabe nadar, dijo que casi se ahoga cuando trató de salir para alcanzar la escalera y el agua le llegó al cuello. Mientras contaba lo sucedido, su madre, de 79 años y ciega, Lidia M. Rodríguez, sentada a su lado, comenzó a llorar.
Para cuando la marea de tormenta finalmente cedió días después, todas las pertenencias de Velázquez y su familia estaban destruidas o habían sido arrastradas por las aguas, incluidos los vehículos. Pero la FEMA rechazó su solicitud de asistencia; Velázquez dice que no sabe la razón y, frustrada con la larga espera, abandonó una apelación. En su lugar, reemplazó muebles e hizo las reparaciones que pudo con ayuda de sus vecinos y amigos. La casa todavía tiene filtraciones cuando llueve.
“Entre los mismos vecinos nos ayudamos. Luchamos y echamos pa’lante”, dijo, agregando que el trauma todavía sigue a flor de piel. “No me parece que fuese un año. Uno ve todo eso y uno llora. A veces miro al mar y me da pánico. Pero estamos vivos para contarlo y para que el mundo vea”.
Las críticas a la respuesta federal a María ha sido un tema en que concuerdan, extrañamente, dos destacados políticos puertorriqueños rivales, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, crítica franca de Trump, y el gobernador Ricardo Rosselló, quien ha rechazado expresamente culpar a Trump.
El tema está estrechamente vinculado con el peculiar panorama político de la isla en su condición de Estado Libre Asociado, cuyos habitantes, ciudadanos estadounidenses, no pueden votar por el presidente y no tienen representante con voto ante el Congreso federal (los puertorriqueños disfrutan automáticamente del pleno derecho al voto si se mudan a cualquiera de los 50 estados del territorio continental). Los dos principales partidos políticos de la isla, el Partido Nuevo Progresista, de Rosselló, y el Partido Popular Democrático, de Cruz, están organizados alrededor de la búsqueda de la estadidad o preservar y mejorar el estatus de Estado Libre Asociado, respectivamente.
Los dos dicen que el nebuloso estatus que existe ahora significa que los puertorriqueños en la isla son tratados por el Congreso y el gobierno federal como “ciudadanos de segunda clase”, sin el poder político necesario para exigir un trato igualitario. Los dos son demócratas, pero Cruz ha criticado repetidas veces a Rosselló por no enfrentarse a Trump, alegando que teme alienar a las mayorías republicanas en el Congreso cuyo apoyo sería necesario para aprobar la estadidad.
“La ayuda en general a Puerto Rico es inferior relativo a otras jurisdicciones”, dijo Rosselló en una entrevista con el Miami Herald. “De eso no hay duda. Es una realidad de nuestra condición colonial y ciudadanía de segunda clase”.
Rosselló calificó el proceso de recuperación de “inexplicablemente lento” y agregó: “Mientras no tengamos derecho al voto no tendremos el poder político para pedir los recursos apropiados, como harían Florida o Texas en circunstancias similares”.
Cruz fue más allá y calificó al gobierno federal de “irresponsable, negligente y abusivo” en la forma que manejó la respuesta a María.
“No estamos cerca de [la situación] en que deberíamos estar”, dijo Cruz en una entrevista con el Herald. “La ayuda no ha llegado a Puerto Rico. Personas murieron porque Donald Trump fue negligente. El gobierno de Puerto Rico y la mayor parte de la clase política se hizo de la vista gorda y ayudó a Donald Trump a salirse con la suya en su negligencia. Mientras la gente moría, él se estaba dando [una calificación] de 10 de 10. Esto lo va a perseguir para siempre”.
Cruz y otros críticos también atribuyen fallas en la respuesta federal a lo que dicen es racismo por parte de Trump y algunos miembros de su gobierno hacia una población puertorriqueña mayormente pobre y de piel oscura.
Pero Cruz alabó la gran cantidad de donaciones y apoyo de norteamericanos de a pie y grupos privados.
“Siempre estaremos agradecidos al pueblo americano”, dijo. “Son gente fabulosa”.
Pero los problemas de Puerto Rico después del paso de María no se limitan a las consecuencias de una respuesta federal insuficiente o incluso el paso lento de la reconstrucción.
Hasta los que tenían seguros privados están enfrentando grandes obstáculos. Muchas aseguradoras en la isla y en Estados Unidos están rechazando las reclamaciones, o las procesan con gran lentitud, dicen los críticos, lo que ha llevado a una ola de demandas. Vallas publicitarias y anuncios en la radio destacan los servicios de abogados especializados en impugnar la negación de reclamaciones de seguros, incluso algunos fuera de la isla han abierto oficinas allí para litigar casos.
La fuerte escasez de materiales de construcción, contratistas y trabajadores ha llevado a que se disparen los precios, lo que ha afectado aún más la reconstrucción. Eso se debe a que la industria de la construcción en la isla se redujo significativamente durante una profunda y prolongada recesión económica que comenzó un decenio antes de la llegada de María. Incluso los que ahora están dispuestos a pagar enfrenta demoras de hasta seis meses para la entrega de materiales, que en la mayoría de los casos deben importarse.
Mientras tanto, las pérdidas en términos humanos son casi incalculables.
Los suicidios se han disparado y expertos en salud mental dicen que los casos de depresión, diagnosticada o no, probablemente están a niveles epidémicos. La tormenta también aceleró el éxodo, por razones económicas, de los jóvenes, separando familias y acentuando un colapso poblacional que ha dejado a Puerto Rico con una población envejecida, entre ellos muchos enfermos y personas aisladas que el abrumado sistema de servicios médicos y servicios sociales batalla por atender.
En el saldo de fallecidos por María hubo muchas personas mayores en condiciones precarias, saldo que se hizo evidente de manera completa el mes pasado, cuando el gobierno puertorriqueño revisó su estimado de muertes atribuidas a la tormenta a 2,975, después de meses en que el saldo oficial fue de solamente 64 fallecidos. Muchos murieron debido a que los apagones, que duraron meses, dejaron inactivos respiradores caseros, hospitales y centros de diálisis, que no han vuelto completamente a la normalidad. Algunos expertos dicen que el saldo de fallecidos puede aumentar más en momentos en que clínicas y hospitales hacen frente a una antigua escasez de médicos y enfermeras, que la tormenta ha exacerbado.
Virtualmente en bancarrota y con muchos menos niños que educar, el gobierno ha decidido cerrar cientos de escuelas públicas con poca matrícula, una decisión que ha probado ser controversial.
Al éxodo se han sumado miembros de las fuerzas policiales estatales y municipales, donde se reporta que la cantidad de plazas vacantes ha aumentado significativamente desde María. En toda la isla los habitantes se quejan de menos patrullas policiales y más llamadas a las autoridades sin respuesta.
Muchos puertorriqueños reconocen que María dejó una población emocionalmente traumatizada y ansiosa por las perspectivas inciertas de una recuperación que los expertos afirman pudiera demorar fácilmente una década. Desde la tormenta, más de un comentarista ha señalado que María ha obligado a una introspección, dejando al descubierto un secreto familiar del que muchos no han querido hablar: que la sociedad puertorriqueña es considerablemente desigual y disfuncional, donde quizás una mayoría vive en la pobreza, en condiciones más cercanas a las de países subdesarrollados que a las del territorio continental.
Pero funcionarios federales insisten en que no han pasado por alto a Puerto Rico.
La FEMA emitió un informe en julio en que reconoció que no estaba preparada para el doble golpe del huracán Irma y el mucho más devastador María sobre Puerto Rico, que tocó tierra después de que buena parte de Houston quedó inundada e incendios forestales destruyeron comunidades enteras en California. Hace unas semanas, una auditoría completa de la Oficina de Rendición de Cuentas (GAO) del gobierno concluyó que la FEMA hizo lo que debía en desastres anteriores, pero no anticipó los extensos y graves daños de María, y quedó abrumada cuando llegó la hora de responder a esa calamidad.
Pero la FEMA dice que ha acelerado su respuesta a María. La agencia anunció el mes pasado $110 millones adicionales para la empresa eléctrica de la isla y su oficina central de recuperación y reconstrucción. Eso hace aumentar el total de dinero ya gastado o prometido en respuesta al huracán María a $3,400 millones en fondos públicos, dinero que líderes puertorriqueños reconocen ha comenzado a reactivar la economía de la isla.
Y hay más dinero en camino.
El Congreso ha aprobado entregas de casi $20,000 millones a Puerto Rico por parte del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) que se usarán para las reconstrucción de viviendas y negocios, así como mejoras y modernización de la red eléctrica y otra infraestructura, en particular proyectos que ayuden a la isla a enfrentar mejor las tormentas en el futuro. Eso pudiera incluir la elevación de viviendas y edificios por encima del nivel de la marea de tormenta, comprar propiedades en puntos vulnerables o restaurar humedales para proteger las urbanización en las costas, dijo Brian Sullivan, portavoz del HUD.
A finales de julio, el HUD aprobó un plan del gobierno de Puerto Rico para los primeros $1,500 millones, que financiarán un programa para entregar a los propietarios de viviendas un máximo de $48,000 cada uno para reparar casas dañadas, y un máximo de $120,000 para reconstruir viviendas destruidas. Se asignarán unos $10 millones a asistencia para alquiler de viviendas, $145 millones para revitalizar negocios y $100 millones para la reparación de infraestructura dañada.
Aunque es uno de los mayores paquetes de ayuda por desastres aprobados en la historia del HUD, no llega a los $94,000 millones que el gobierno del gobernador Rosselló calcula que son necesarios para una reconstrucción total y para modernizar la decrépita y anticuada estructura de la isla.
Todavía no está claro cuándo comenzará a llegar el dinero asignado a los que más lo necesitan, o qué proceso se implementará para revisar las solicitudes. En este momento se están redactando las normas, pero la verificación y gestión quedará en manos del gobierno puertorriqueño, dijo Sullivan.
Pero el portavoz reconoció que “después de toda esta inversión todavía habrá necesidades no resueltas”.
En Punta Santiago, esta asistencia adicional no llegará lo suficientemente rápido para sus aproximadamente 5,200 vecinos.
El muelle que antes atraía a numerosos turistas y bañistas los fines de semana es un desastre y el regreso de los visitantes de los que la comunidad dependía sigue siendo más una esperanza que una realidad. Los cálculos de las reparaciones del puente, que había sido renovado recientemente, sobrepasan $1 millón, dinero que la municipalidad de Humacao no tiene, dijo Félix Fontánez López, gerente de proyectos de PECES, una organización comunitaria que ha sido la columna vertebral de los esfuerzos locales de recuperación.
En el seriamente dañado centro comercial a pocas millas de distancia, donde trabajaban muchos vecinos, sólo ha reabierto un Walmart. El cercano Sam’s Club, que María dañó seriamente, cerró definitivamente.
De las docenas de rampas de lanzamiento de embarcaciones de la asociación local de pescadores, sólo queda una funcionando, porque las embarcaciones fueron gravemente dañadas por la marea de tormenta de María. Los 13 pescadores que quedan —dos fallecieron de complicaciones médicas después de María y otro se marchó porque la tormenta le destrozó su casa— no han podido pescar mucho, dijo el presidente de la asociación Antonio “Tony” Torres Torres. Los pescadores necesitan 21 motores en buen estado para reanudar su labor.
La mayor parte de los 13 chinchorros de la zona, locales rústicos junto a la carretera donde sirven comida y que antes atraían a mucha gente los fines de semana, fueron arrasados por María, dijo Fontánez López. Las populares cabañas de alquiler en el cercano parque playero público también resultaron afectadas y siguen cerradas. La cancha de baloncesto de Punta Santiago, que perdió el techo, casi no se usa.
Y aunque algunos vecinos han recibido asistencia significativa de la FEMA, dijo Fontánez López, no cubren el costo de la reparación de los techos, una necesidad crítica. Pero a pesar de la difícil situación en Punta Santiago, estarían mucho peor sin la avalancha de asistencia privada, afirmó.
PECES, una sigla vinculada con las raíces pesqueras de la comunidad, donó $2 millones en materiales de construcción, como puertas y ventanas de aluminio resistentes, así como fondos para ayudar a los damnificados a reparar sus casas y negocios, incluidos los chinchorros, algunos de los cuales han reabierto. Buena parte de las reparaciones han sido realizadas por voluntarios, en particular grupos de ex militares de la isla y del territorio continental, dijo.
Entre las personas a quien PECES ha ayudado: Chegüi, dueño del Amarillo. El grupo le dio el fogón que está usando ahora, después de que le negaron un préstamos a bajo interés para pequeños negocios porque no podía demostrar que tenía la capacidad de pagarlo. Todavía debe dinero de un préstamos privado que tomó para comprar un congelador para el quiosco.
Para seguir trabajando, compró con crédito en una tienda local un congelador, que mantiene en su casa. También tuvo que hacer malabares para seguir viviendo en su casa. Él y su pareja recibieron solamente $1,000 de la FEMA para cubrir el costo de las pertenencias perdidas, como toda su ropa, muebles y electrodomésticos. La mujer consiguió un préstamo a bajo interés del gobierno para reemplazar los electrodomésticos, dijo Chegüi, pero él mismo tuvo que hacer los trabajos de carpintería y pagar los materiales para reparar los daños estructurales a la vivienda.
Pero el quiosco no tiene remedio. Alquilaba la estructura a sus dueños, pero no pudo reconstruirla porque está en una playa pública, dijo Chegüi.
PECES también está instalando paneles solares en 25 viviendas de personas con necesidades médicas que necesitan respiradores u otros equipos las 24 horas del día.
Pero al grupo se le están acabando el dinero y los materiales, dijo Fontánez López.
En la modesta sede frente al mar de la asociación, cuadrillas de la FEMA pintaron un merendero, estructuras de almacenamiento y un mercado de pescado, pero no mucho más, se quejó Torres Torres. Los $14,000 para reemplazar el techo de la terraza del merendero llegaron de donaciones locales, al tiempo que los miembros de la asociación lograron reparar y reabrir el merendero y el mercado sin ayuda del gobierno, dijo.
Durante varios meses después del paso de María, el fabricante de acumuladores Interstate Battery donó generadores y alimentos para 1,000 personas, y entonces empezó a hacer entregas regulares de agua, y ha mantenido calladamente su apoyo, dijo Fontánez López. Una compañía local donó a los vecinos cientos de colchones, afirmó Torres Torres.
En las calles de la localidad, llenas de casas de bloques, hay numerosas viviendas sin reparar llenas de escombros. Algunas fueron abandonadas sencillamente porque muchos se marcharon después de la tormenta, dicen los vecinos. Aunque el servicio eléctrico en Punta Santiago se restauró a los siete meses, el alumbrado público sigue sin funcionar, así que en las noches sin luna las vías quedan totalmente a oscuras. Cuando cae la oscuridad sale a relucir la depresión que ha afectado a tantos desde el paso de María.
“Aquí esto es boca de lobos”, dijo Velázquez, la mujer de Punta Santiago que vive con su mamá ciega. Para aliviar la situación, la mujer instaló luces solares activadas por el movimiento en la fachada de la casa.
“Aquí todo el mundo ha sufrido”, dijo con los ojos aguados Torres Torres, el presidente de la asociación de pescadores. “Llega la tarde, como no hay focos, y cae uno en lo mismo”.
María lo cambió todo, hasta el lecho marino. Los arrecifes de coral y las zonas de hierba marina donde los pescadores capturaban pargos, caracoles y langostas quedaron cubiertos por la arena y el lodo, y en algunos lugares por efectos electrodomésticos y escombros arrastrados por el agua de la marea de tormenta, dijo Torres Torres. Eso significa que los únicos miembros de la asociación que salen a pescar estos días, tres buzos, deben ir más lejos y bajar a mayor profundidad, desprotegidos en aguas peligrosas, e incluso así no pescan mucho, explicó.
Para compensar, Torres Torres, ex pescador a tiempo parcial y empleado retirado del gobierno, trabaja por las noches de guardia de seguridad. Gastó $4,900 en combustible para un generador que tuvo funcionando en su casa los ocho meses que la familia estuvo sin electricidad, lo que acabó con sus ahorros. Torres Torres se ve visiblemente afectado cuando recuerda que su hija adolescente casi se ahoga cuando la marea de la tormenta María llegó a la casa, y se pregunta cómo ha podido soportar todo esto.
“Ha sido duro perderlo todo. Ha sido traumático esto. Esto fue bien doloroso. Esto dañó familias, se separaron familias. A uno se le salen las lágrimas. Esto le cambió la vida a Puerto Rico. Pero tenemos la fe de que aunque va a tardar, especialmente la economía, pero vamos pa’delante”, dijo.
“Pero déjame decirte, Puerto Rico merece un premio. Nosotros los que nos quedamos aquí merecemos un premio bien grande”.
Este reportaje especial fue producido con el apoyo de The Rockefeller Foundation.
